La eficacia de las decisiones de los órganos jurisdiccionales de la FIFA y los desafíos actuales en su ejecución internacional

Autor: Patricio Tomás Mc Inerny 🇦🇷

El artículo también se encuentra disponible en inglés y en francés:

Publicado por la firma WD Associés  

Sumario

I. Introducción.- II. El sistema jurisdiccional de la FIFA y la naturaleza de sus decisiones.-III. De la declaración del derecho a su cumplimiento efectivo.- IV. El sistema de ejecución deportiva previsto por la normativa FIFA.- V. Las prohibiciones de inscripción como principal herramienta de cumplimiento.- VI. Los límites del sistema: insolvencia, desaparición y pérdida de afiliación del club deudor.- VII. El sucesor deportivo como mecanismo de preservación de la eficacia de las decisiones.- VIII. La coexistencia entre el ordenamiento deportivo y los ordenamientos estatales.- IX. La ejecución internacional y el papel del Tribunal Arbitral del Deporte.- X. Derechos de formación, mecanismo de solidaridad y FIFA Clearing House.- XI. Problemas actuales del sistema.- XII. Propuestas para fortalecer la efectividad internacional de las decisiones de FIFA.- XIII. Conclusiones.-

I. Introducción

El desarrollo de una jurisdicción deportiva a nivel internacional constituye uno de los hitos jurídicos más importantes alcanzados por el deporte profesional durante las últimas décadas. En el ámbito del fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociación –FIFA- ha logrado conformar un sistema normativo e institucional destinado a regular las relaciones entre los distintos actores de la actividad y a resolver las controversias que entre ellos se suscitan. Dentro de ese entramado ocupa un lugar central el Tribunal del Fútbol de la FIFA, actualmente integrado por la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes, al que se atribuye competencia sobre una importante variedad de controversias de dimensión internacional.

La existencia de órganos especializados, procedimientos electrónicos, plazos relativamente breves y mecanismos de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte –TAS- ha permitido desarrollar una jurisdicción transnacional particularmente sofisticada. Sin embargo, el verdadero éxito de un sistema jurisdiccional no debe evaluarse exclusivamente a partir de su capacidad para dictar decisiones jurídicamente correctas, sino que la cuestión fundamental aparece en un etapa posterior: ¿qué sucede cuando el obligado no cumple la decisión?

Ya sea una resolución que reconoce a un futbolista varios meses de remuneraciones adeudadas, que obliga a un club a satisfacer una compensación por incumplimiento contractual o que admite el reclamo de una institución formadora por una determinada suma de dinero, la misma carece de plena eficacia si el beneficiario no puede obtener finalmente aquello que le fue reconocido. La problemática posee especial importancia en el mundo del deporte por las particulares características de sus sujetos, ya que los clubes pueden atravesar procesos concursales, perder su afiliación, modificar su estructura societaria, descender hacia categorías ajenas al fútbol profesional, disolverse formalmente o incluso reaparecer bajo una entidad jurídica distinta manteniendo sustancialmente la misma identidad deportiva. Frente a esas situaciones, el derecho deportivo ha construido instrumentos particulares de cumplimiento que se apartan de los mecanismos tradicionales de ejecución forzada propios de las jurisdicciones estatales.

La FIFA no embarga cuentas bancarias ni subasta bienes de un club para satisfacer el crédito reconocido en una decisión, sino que su poder se despliega principalmente dentro del ordenamiento deportivo, puede impedir la inscripción de nuevos jugadores, imponer sanciones disciplinarias y exigir a sus asociaciones miembro que implementen determinadas consecuencias deportivas. Por lo tanto, nos encontramos ante una forma de ejecución indirecta. En este sentido, la FIFA no sustituye al deudor para satisfacer materialmente la prestación, sino que crea incentivos deportivos suficientemente intensos para inducirlo al cumplimiento

El presente trabajo pretende estudiar la eficacia del sistema jurisdiccional futbolístico mundial, con sus virtudes y sus límites. En este sentido, la hipótesis que se propone es que la jurisdicción FIFA presenta un alto grado de efectividad en la actualidad respecto de sujetos activos dentro de la estructura federativa, mientras que encuentra mayores dificultades cuando la realidad económica o societaria del deudor excede aquella estructura. La insolvencia, la desaparición de clubes, el fenómeno del sucesor deportivo y la posible intervención de jurisdicciones estatales representan, en este sentido, los principales desafíos para la eficacia internacional de sus decisiones.

II. El sistema jurisdiccional de la FIFA y la naturaleza de sus decisiones

La estructura jurisdiccional de FIFA debe analizarse dentro de un ordenamiento jurídico-deportivo caracterizado por su alcance internacional y por la existencia de una organización federativa piramidal en cuya cúspide se encuentra FIFA, debajo las confederaciones continentales, luego las asociaciones nacionales, y posteriormente las ligas y clubes afiliados. Los futbolistas, entrenadores, agentes y demás sujetos vinculados a la actividad se incorporan igualmente a ese sistema a través de diversos vínculos contractuales y reglamentarios.

El Estatuto de FIFA reconoce al Tribunal del Fútbol la facultad de adoptar decisiones relativas a controversias vinculadas con el fútbol y determinadas solicitudes regulatorias. Su funcionamiento se encuentra complementado por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores –RETJ- y por las Reglas de Procedimiento del Tribunal del Fútbol. Las controversias sometidas a esos órganos son de naturaleza diversa, entre las que pueden encontrarse conflictos laborales internacionales entre clubes y futbolistas, o entre clubes, o  controversias relativas a entrenadores, disputas derivadas de determinadas relaciones con agentes y procedimientos relacionados con derechos de formación; con lo cual, el resultado del proceso es una decisión que genera una obligación concreta para sus destinatarios. Pero la particularidad radica en que estas decisiones no constituyen sentencias estatales y que su eficacia deriva principalmente de la afiliación de las partes al sistema federativo internacional y de la obligatoriedad de las normas que rigen esa pertenencia.

Esto explica una diferencia esencial respecto de la jurisdicción estatal, porque mientras un tribunal ordinario posee mecanismos públicos de coerción para ejecutar sus sentencias, ya que puede decretar embargos, inhibiciones, secuestros o disponer la realización forzada de determinados bienes, FIFA carece de ese poder estatal y su capacidad coercitiva es de naturaleza deportiva. Sin embargo, esta aparente debilidad constituye en determinadas circunstancias una de las mayores fortalezas del sistema, ya que, para un club profesional, la imposibilidad de registrar nuevos futbolistas puede resultar económicamente más gravosa que determinadas medidas patrimoniales tradicionales que pudiera imponer la justicia estatal. Por esta razón, la eficacia del sistema FIFA debe analizarse desde una perspectiva propia y no mediante una mera traslación de las categorías de ejecución procesal estatal.

III. De la declaración del derecho a su cumplimiento efectivo

El derecho a obtener una decisión favorable y el derecho a obtener su cumplimiento constituyen dimensiones diferentes de la tutela jurídica. La primera determina la existencia y extensión del derecho reclamado, y la segunda transforma esa declaración en una realidad material.La diferencia puede observarse con claridad mediante un supuesto habitual en el que un futbolista demanda a un club ante la Cámara de Resolución de Disputas y obtiene una resolución que condena a su antiguo empleador al pago de remuneraciones adeudadas y una indemnización por ruptura contractual, momento en el que se puede considerar resuelta la controversia jurídica, pero si el club no paga, comienza un problema diferente.

Durante muchos años, la ejecución de las decisiones económicas de FIFA estuvo estrechamente vinculada con procedimientos disciplinarios posteriores, donde el acreedor debía recurrir nuevamente al sistema para impulsar medidas destinadas a obtener el cumplimiento. Las reformas regulatorias introducidas en los últimos años procuraron simplificar esa secuencia mediante la incorporación directa de consecuencias derivadas del incumplimiento de decisiones económicas. El actual RETJ contempla un mecanismo mediante el cual determinadas decisiones que condenan a un club o a un futbolista al pago de una suma de dinero incorporan las consecuencias que podrán aplicarse si el obligado no satisface oportunamente la deuda, produciéndose así una transformación conceptual importante.

La sanción deportiva deja de presentarse solamente como la culminación de un segundo procedimiento disciplinario y pasa a integrarse al propio mecanismo de efectividad de la decisión económica. De esta forma, la decisión de FIFA posee dos dimensiones complementarias: por un lado, reconoce un crédito; por otro, puede generar consecuencias deportivas frente a su incumplimiento.

Sin perjuicio de ello, resulta necesario distinguir la coerción deportiva de la verdadera ejecución patrimonial, toda vez que una prohibición de inscripción puede inducir eficazmente a un club solvente a cancelar una deuda, pero no transfiere por sí misma fondos desde el patrimonio del deudor al acreedor.La diferencia adquiere importancia decisiva cuando el obligado carece realmente de capacidad económica.

TAMBIÉN PUEDE CONSULTAR: Las cuatro cámaras del TAS / CAS

IV. El sistema de ejecución deportiva previsto por la normativa FIFA

Uno de los objetivos perseguidos por FIFA ha sido fortalecer el cumplimiento de las obligaciones económicas reconocidas mediante decisiones de sus órganos competentes.El mecanismo previsto en el RETJ constituye actualmente uno de los elementos centrales de ese sistema.Tratándose de un club condenado a satisfacer una obligación económica, la falta de pago puede determinar la prohibición de registrar nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, hasta que se abone la suma adeudada, dentro de los límites temporales establecidos reglamentariamente.

La lógica es sencilla.Un club que participa activamente de competiciones necesita renovar permanentemente su plantel. La inscripción de jugadores no representa una cuestión accesoria, sino un presupuesto fundamental para desarrollar su actividad deportiva.Una prohibición de inscripción produce, consecuentemente, un fuerte incentivo económico y deportivo para cumplir.

Desde esta perspectiva, el sistema FIFA no pretende sustituir los mecanismos estatales de ejecución. Construye un mecanismo diferente basado en la relación especial que vincula al deudor con la organización deportiva.Ello permite identificar tres elementos.Primero, la existencia de una decisión firme que establece una obligación.Segundo, el incumplimiento del obligado dentro del plazo previsto.Tercero, la generación de una consecuencia deportiva capaz de incentivar la satisfacción de aquella obligación.El mecanismo posee asimismo una dimensión internacional especialmente relevante. Una sanción impuesta en relación con un club afiliado a una determinada asociación nacional puede proyectar sus efectos sobre su actividad registral tanto nacional como internacional.

Esa capacidad constituye una ventaja comparativa de la jurisdicción deportiva.Un acreedor que pretendiera ejecutar judicialmente una sentencia extranjera podría tener que localizar bienes, determinar jurisdicciones competentes y eventualmente atravesar procedimientos de reconocimiento y ejecución en distintos Estados.La estructura federativa permite, en cambio, producir determinados efectos deportivos con relativa uniformidad.Este sistema depende, sin embargo, de un presupuesto fundamental: que el deudor necesite continuar participando del fútbol organizado.Allí reside simultáneamente su mayor fortaleza y su principal debilidad

V. Las prohibiciones de inscripción como principal herramienta de cumplimiento

La prohibición de registrar jugadores —habitualmente denominada registration ban o transfer ban— se ha transformado en una de las herramientas más eficaces del sistema.Su finalidad, en estos supuestos, no consiste exclusivamente en castigar un comportamiento pasado, sino en inducir una conducta futura: el cumplimiento de una obligación reconocida.La medida afecta directamente la capacidad competitiva del club.

Durante el período de vigencia de la prohibición, la institución pierde la posibilidad de incorporar nuevos jugadores, circunstancia que puede comprometer su planificación deportiva y disminuir el valor competitivo de su plantel.La amenaza resulta especialmente poderosa respecto de clubes profesionales económicamente activos.Incluso cuando la deuda objeto de la decisión sea significativa, las consecuencias económicas indirectas derivadas de no poder reforzar el equipo pueden superar ampliamente el valor de aquella.La regulación ha logrado de esta forma algo que los procedimientos judiciales ordinarios frecuentemente encuentran difícil: dotar de consecuencias inmediatas y transfronterizas al incumplimiento.

Sin embargo, conviene evitar una identificación absoluta entre prohibición de inscripción y ejecución. La primera constituye una medida coercitiva. La segunda supone la efectiva satisfacción del derecho reconocido. El acreedor no tiene como objetivo final impedirle al club contratar jugadores; pretende cobrar. La prohibición de inscripción funciona adecuadamente mientras represente para el deudor un costo superior al cumplimiento. Pero pierde progresivamente capacidad coercitiva cuando el club no pretende incorporar jugadores, se encuentra al borde de la desaparición o carece de patrimonio suficiente para satisfacer sus obligaciones. La cuestión deja entonces de ser disciplinaria para convertirse en un verdadero problema de efectividad jurídica.VI. Los límites del sistema: insolvencia, desaparición y pérdida de afiliación del club deudor. El supuesto más problemático se presenta cuando un club condenado por FIFA atraviesa una crisis económica estructural. Imaginemos un club profesional condenado a pagar una suma relevante a diversos futbolistas y clubes acreedores. Ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones, inicia un procedimiento concursal y posteriormente es liquidada la sociedad que explotaba su actividad profesional.

En estas circunstancias, la amenaza de una prohibición de inscripción puede resultar prácticamente irrelevante respecto de la persona jurídica extinguida. La jurisdicción FIFA encuentra entonces un límite material: no existe un sujeto deportivamente activo sobre el cual ejercer coerción. Asimismo, puede surgir una colisión entre dos concepciones diferentes de la responsabilidad patrimonial. Desde la perspectiva del derecho societario o concursal estatal, las obligaciones pertenecen, en principio, a la persona jurídica que las contrajo. La liquidación de esa persona se desarrolla de acuerdo con reglas nacionales destinadas a ordenar colectivamente los derechos de los acreedores.

Desde la perspectiva deportiva, limitarse a esa estructura formal podría facilitar maniobras de elusión.Un club podría acumular obligaciones, abandonar una determinada estructura jurídica y reiniciar posteriormente su actividad a través de otra sociedad, conservando su identidad deportiva pero liberándose de las deudas anteriores.Aceptar automáticamente esa consecuencia pondría en riesgo todo el sistema jurisdiccional.El derecho deportivo ha respondido mediante una construcción propia: el sucesor deportivo.

VII. El sucesor deportivo como mecanismo de preservación de la eficacia de las decisiones

La doctrina del sucesor deportivo constituye probablemente uno de los desarrollos más importantes de la jurisprudencia deportiva contemporánea en materia de ejecución.Su fundamento parte de una premisa: la identidad deportiva de un club no siempre coincide con la identidad de la persona jurídica que lo administra.Para el derecho estatal puede existir una nueva sociedad.Para el mundo del fútbol, sin embargo, puede continuar existiendo el mismo club.El análisis no depende exclusivamente de la denominación social. La jurisprudencia FIFA y del TAS ha considerado distintos indicios vinculados con la continuidad de la identidad deportiva: nombre, colores, escudo, historia, estadio, masa de aficionados, localización, categoría competitiva, integrantes de la organización y demás elementos que permitan determinar si existe una continuidad sustancial entre ambas entidades.

Esta doctrina ha tenido un desarrollo particularmente significativo en la jurisprudencia del TAS.En CAS 2021/A/8061, Association Sporting Club Bastiais & SC Bastia c. FIFA & RCD Espanyol de Barcelona, el Tribunal analizó extensamente la relación entre la identidad jurídica de las entidades involucradas y la continuidad del club como realidad deportiva. El caso puso nuevamente de manifiesto que, para el ordenamiento futbolístico, la consideración de un club puede exceder a la persona jurídica utilizada en un determinado período para explotar su actividad.La cuestión continúa teniendo absoluta actualidad. Decisiones arbitrales posteriores han debido estudiar nuevamente la responsabilidad de entidades señaladas como sucesoras deportivas de clubes que habían dejado obligaciones pendientes.Los casos relativos a Xanthi y Mersin, entre otros, evidencian que no nos encontramos frente a una construcción histórica ya consolidada y cerrada, sino ante uno de los campos actualmente más dinámicos del derecho deportivo internacional.

La relevancia de esta doctrina para la ejecución es evidente.Si las obligaciones desaparecieran necesariamente cada vez que se sustituye la estructura jurídica del club, bastaría una reorganización societaria para neutralizar una decisión de FIFA.La sucesión deportiva pretende impedir ese resultado.No obstante, plantea interrogantes delicados.¿Cuánto grado de continuidad debe existir?¿Resulta suficiente utilizar el mismo nombre?¿Debe existir identidad entre accionistas?¿Qué ocurre cuando una comunidad local crea un nuevo club luego de la desaparición de la institución anterior, sin participación de quienes administraron al antiguo deudor?¿Puede atribuirse una deuda a una persona jurídica que nunca participó del procedimiento en el que se determinó originalmente su existencia?Estos interrogantes demuestran que el sucesor deportivo se encuentra situado en la frontera entre la necesidad de garantizar la eficacia de las decisiones y el respeto de principios esenciales como la personalidad jurídica, el debido proceso y la seguridad jurídica.La finalidad antifraude de la doctrina parece difícilmente discutible.

Más complejo resulta determinar sus límites.El análisis debería evitar dos extremos.El primero consistiría en una concepción estrictamente formal según la cual toda nueva persona jurídica queda necesariamente liberada de las obligaciones de su antecesora.Ello permitiría la evasión sistemática de deudas deportivas.El segundo sería presumir que cualquier club creado en la misma ciudad, que utilice colores similares o reivindique una misma tradición histórica debe responder automáticamente por todas las obligaciones anteriores.Ello podría afectar injustificadamente a terceros de buena fe.La respuesta exige un análisis integral de las circunstancias y un estándar probatorio suficientemente riguroso.

VIII. La coexistencia entre el ordenamiento deportivo y los ordenamientos estatales

Otro de los principales problemas de la ejecución internacional aparece cuando la decisión FIFA debe interactuar con normas estatales.El fútbol profesional no constituye un ordenamiento jurídicamente aislado.Los clubes son asociaciones civiles, sociedades comerciales u otras entidades constituidas conforme a las leyes nacionales. Celebran contratos sujetos a determinadas legislaciones, poseen patrimonio ubicado dentro de jurisdicciones estatales y pueden quedar sometidos a procesos concursales o de liquidación.Por ello, una decisión deportiva no puede analizarse desconociendo aquella realidad.

El principio de autonomía deportiva permite reconocer a las organizaciones deportivas un amplio margen para establecer reglas propias, resolver disputas internas y aplicar consecuencias deportivas.Sin embargo, esa autonomía no equivale a soberanía.FIFA no reemplaza a los Estados ni puede ejercer las facultades ejecutorias propias de sus tribunales.La convivencia entre ambos sistemas adquiere particular complejidad frente a la insolvencia.Las legislaciones concursales suelen responder al principio de universalidad y procuran concentrar los reclamos patrimoniales contra el deudor dentro de un único procedimiento. Asimismo, establecen determinadas categorías de acreedores, privilegios y reglas de distribución.

El ordenamiento deportivo persigue objetivos parcialmente diferentes.Además de proteger al acreedor individual, pretende garantizar la integridad de las competiciones y evitar que un club obtenga una ventaja deportiva incumpliendo sistemáticamente obligaciones vinculadas con el fútbol.Surge entonces una tensión conceptual.Desde una perspectiva concursal, impedir a un club insolvente registrar jugadores por no pagar íntegramente a determinado acreedor podría entrar en conflicto con reglas de tratamiento colectivo de créditos.

Desde la perspectiva deportiva, permitir que una institución continúe compitiendo y contratando libremente mientras incumple decisiones firmes podría afectar la credibilidad de todo el sistema.La solución no puede obtenerse mediante la supremacía absoluta de uno de los ordenamientos.Es necesario distinguir las consecuencias patrimoniales —sujetas a los límites derivados del poder estatal— de las consecuencias puramente deportivas que una federación puede imponer como condición para participar de sus competiciones.

La cuestión adquiere todavía mayor complejidad cuando un tribunal estatal dicta una decisión incompatible, al menos aparentemente, con una prohibición deportiva impuesta por FIFA.La jurisprudencia reciente evidencia que estos conflictos no son meramente teóricos. El caso de KSC Lokeren-Temse, por ejemplo, ha planteado problemas relacionados con una prohibición registral y actuaciones desarrolladas ante la justicia belga.Ello demuestra que la verdadera eficacia internacional de las decisiones de FIFA depende no solamente de la arquitectura federativa, sino también de mecanismos adecuados de coordinación entre jurisdicciones.

TAMBIÉN PUEDE CONSULTAR: El BAT lanza sus Reglas de Arbitraje 2026: eficiencia y claridad como ejes centrales

IX. La ejecución internacional y el papel del Tribunal Arbitral del Deporte

El Tribunal Arbitral del Deporte ocupa una posición central dentro del sistema.Las decisiones definitivas adoptadas por determinados órganos de FIFA pueden ser recurridas ante el TAS conforme a los Estatutos y reglamentos aplicables.Su intervención cumple una doble función.Por un lado, garantiza un control jurisdiccional externo respecto de las decisiones adoptadas dentro de FIFA.Por otro, contribuye decisivamente a uniformar la interpretación de las reglas deportivas internacionales.En materia de ejecución, su jurisprudencia ha adquirido especial relevancia respecto del incumplimiento de decisiones, la proporcionalidad de las sanciones y la sucesión deportiva.

Este último campo resulta particularmente ilustrativo.FIFA constituye una organización internacional con más de doscientas asociaciones miembro, cada una inserta en sistemas societarios y concursales distintos. Pretender establecer la identidad de un club exclusivamente mediante las categorías jurídicas de cada Estado produciría soluciones profundamente heterogéneas.La jurisprudencia del TAS permite desarrollar un concepto autónomo de identidad deportiva.No significa desconocer las estructuras jurídicas nacionales, sino admitir que el concepto de “club” dentro del fútbol organizado puede responder a criterios propios de la lex sportiva.

Esta uniformidad posee enorme importancia para la efectividad del sistema.Sin ella, una institución podría ser considerada continuadora de otra en un país pero enteramente ajena a ella en otro, aun ante circunstancias deportivas equivalentes.El TAS cumple, por consiguiente, una función de armonización jurídica indispensable.Al mismo tiempo, sus laudos se encuentran sujetos al marco propio del arbitraje internacional y, particularmente, al régimen jurídico suizo aplicable en razón de la sede del Tribunal en Lausana.La intervención del Tribunal Federal Suizo como instancia excepcional de revisión de los laudos completa así una estructura jurisdiccional multinivel.FIFA, TAS y Tribunal Federal Suizo conforman niveles distintos, pero vinculados, de un sistema cuya efectividad depende finalmente del reconocimiento de la autonomía de las organizaciones deportivas y del arbitraje por los ordenamientos estatales.

X. Derechos de formación, mecanismo de solidaridad y FIFA Clearing House

La cuestión de la eficacia no se limita a los créditos laborales. Los derechos correspondientes a clubes formadores constituyen otro ámbito en el que el problema del cumplimiento resulta particularmente relevante. Históricamente, un club pequeño podía obtener una decisión favorable reconociendo una indemnización por formación o un mecanismo de solidaridad y encontrar posteriormente dificultades significativas para lograr su cobro. Esta circunstancia resulta especialmente grave porque tales mecanismos cumplen una función redistributiva dentro de la economía del fútbol.

Los grandes movimientos económicos generados por las transferencias internacionales deben beneficiar, en determinada proporción, a las instituciones que participaron en la formación del jugador.Si el reconocimiento del derecho no culmina en el pago, se frustra el objetivo económico y social del sistema.La creación de la FIFA Clearing House representa, desde esta perspectiva, una transformación particularmente importante.El sistema busca automatizar la identificación de los derechos de formación mediante el pasaporte electrónico del jugador y canalizar posteriormente determinados pagos a través de una entidad centralizada.La FIFA describe el procedimiento mediante tres etapas principales: identificación del derecho, creación y revisión del pasaporte electrónico del jugador y procesamiento del pago a través de la Clearing House.

Esta innovación modifica parcialmente el paradigma tradicional.Ya no se trata exclusivamente de resolver una controversia y posteriormente exigir el cumplimiento de la decisión, sino de diseñar un sistema que reduzca desde el origen la necesidad de acudir a un procedimiento contencioso.Desde el punto de vista de la efectividad, este cambio es trascendente.El mejor sistema de ejecución puede ser aquel que reduzca la necesidad misma de ejecutar.

La automatización, centralización y trazabilidad de determinados pagos podría contribuir a disminuir los incumplimientos vinculados con derechos de formación.No obstante, la Clearing House tampoco elimina completamente las controversias. Persisten discusiones relativas al historial registral del jugador, la identificación de los clubes formadores, la existencia y cuantificación del derecho y diversas cuestiones procedimentales.

Asimismo, la efectividad del sistema depende de la correcta carga de información por parte de asociaciones y clubes, del funcionamiento de los mecanismos de revisión del pasaporte electrónico y del cumplimiento de los procedimientos regulatorios y financieros correspondientes.En consecuencia, la Clearing House debería comprenderse como una etapa adicional dentro del proceso progresivo de FIFA dirigido a transformar un modelo primordialmente reactivo en un modelo preventivo y automatizado de cumplimiento.

XI. Problemas actuales del sistema

A partir del análisis precedente pueden identificarse diversos desafíos.

1. La diferencia entre coerción y ejecución
El primer problema es conceptual.La normativa FIFA contiene mecanismos extremadamente eficaces para presionar al deudor, pero ello no significa que cuente con mecanismos propios de ejecución patrimonial.Una prohibición de inscripción puede conseguir el pago en una gran cantidad de casos.Pero cuando no lo consigue, el crédito continúa insatisfecho.La distinción resulta especialmente relevante para los acreedores, quienes pueden interpretar equivocadamente que una decisión favorable garantiza necesariamente la percepción del dinero reconocido.No siempre es así.

2. La insolvencia real del deudor
Las medidas deportivas resultan eficaces principalmente frente al deudor que puede pagar pero no quiere hacerlo.Su utilidad disminuye frente al que quiere pagar pero no puede hacerlo.Cuando existe verdadera insolvencia, incrementar progresivamente las sanciones deportivas puede no producir ningún efecto económico favorable para el acreedor.Incluso podría agravar la situación financiera de la institución y disminuir las posibilidades de cobro.Esta circunstancia demuestra la necesidad de diferenciar el incumplimiento estratégico del incumplimiento derivado de una insolvencia real.

3. La desaparición de la persona jurídica
La extinción formal del club deudor puede convertir la decisión en prácticamente inejecutable dentro del sistema deportivo si no existe continuidad.El problema se agrava cuando el acreedor debe intentar posteriormente verificar su crédito dentro de un procedimiento concursal extranjero.La obtención de una decisión FIFA favorable constituye entonces apenas una primera etapa dentro de un camino potencialmente mucho más complejo.

4. La identificación del sucesor deportivo
Cuando aparece una nueva entidad surge el interrogante respecto de la existencia de continuidad.La doctrina del sucesor deportivo ofrece una respuesta necesaria, pero su aplicación requiere prudencia.Una ampliación excesiva podría imponer obligaciones a entidades genuinamente nuevas.Una interpretación excesivamente restrictiva facilitaría conductas fraudulentas.El desafío consiste en construir criterios suficientemente previsibles.

5. La coordinación con las asociaciones nacionales
El sistema FIFA depende en buena medida de sus asociaciones miembro para implementar consecuencias dentro del ámbito nacional.Esta estructura permite una enorme expansión territorial, pero también genera una dependencia operacional.La eficacia internacional exige que las asociaciones nacionales actúen de forma rápida y coordinada y que los sistemas registrales permitan implementar efectivamente las restricciones impuestas.

6. La interacción con decisiones judiciales estatales
Una de las situaciones más delicadas se produce cuando existe una orden judicial nacional incompatible con una consecuencia deportiva.La federación nacional puede encontrarse entonces sometida a obligaciones potencialmente contradictorias.Por una parte debe respetar las normas FIFA.Por otra, debe cumplir las decisiones de los tribunales del Estado en el cual desarrolla su actividad.No existe una solución universal para este conflicto y cada caso dependerá del derecho nacional, de la naturaleza de la medida judicial y de las circunstancias particulares.

7. El tiempo
Finalmente, la duración del procedimiento es también un componente de la eficacia.Una decisión económicamente correcta dictada varios años después de producido el incumplimiento puede encontrar un deudor con una situación completamente diferente.Puede haber perdido patrimonio, descendido de categoría, cambiado de propietarios o desaparecido.Por ello, la celeridad no constituye únicamente una cuestión de eficiencia procesal.Es una condición de efectividad de la tutela.

XII. Propuestas para fortalecer la efectividad internacional de las decisiones de FIFA

El sistema construido por FIFA presenta virtudes evidentes. No obstante, su evolución podría orientarse hacia una concepción todavía más amplia del cumplimiento.

1. Desarrollo de un verdadero sistema internacional de enforcement deportivo
Sería conveniente sistematizar en un único cuerpo normativo los distintos mecanismos relacionados con la ejecución de decisiones.Actualmente, el profesional debe recurrir a diferentes reglamentos y distinguir entre consecuencias automáticas, procedimientos disciplinarios y situaciones de sucesión.Un régimen integral podría mejorar considerablemente la previsibilidad.Este cuerpo normativo podría establecer con claridad:

a) los procedimientos posteriores al incumplimiento;
b) las obligaciones de las asociaciones miembro;
c) las consecuencias registrales;
d) las reglas aplicables ante insolvencia;
e) el tratamiento de los sucesores deportivos;
f) la coordinación con procedimientos estatales.

2. Registro internacional de deudas deportivas
La existencia de un sistema centralizado de obligaciones firmes pendientes podría mejorar la transparencia.Los órganos de licenciamiento, asociaciones, clubes y determinados interesados podrían conocer la existencia de obligaciones deportivas impagas antes de autorizar determinadas operaciones.Naturalmente, un sistema semejante debería contemplar reglas adecuadas en materia de confidencialidad y protección de datos.Pero permitiría avanzar desde una lógica puramente sancionatoria hacia una lógica preventiva.

3. Mayor coordinación entre ejecución y licenciamiento
Las licencias de clubes representan una herramienta especialmente poderosa. Si una institución pretende participar de determinadas competiciones profesionales, el cumplimiento de decisiones deportivas firmes debería integrar de manera coordinada los criterios de evaluación económica correspondientes. La lógica resulta coherente. Una organización que obtiene ventajas deportivas mediante gastos que posteriormente no satisface afecta la integridad económica de la competición. El cumplimiento de decisiones no es entonces solamente un problema individual entre acreedor y deudor. Constituye también una cuestión de gobernanza.

4. Regulación más precisa del sucesor deportivo
La jurisprudencia ha permitido desarrollar criterios relevantes, pero sería conveniente profundizar su positivización. Un listado reglamentario de indicios —expresamente no taxativo— aumentaría la previsibilidad. Entre ellos podrían considerarse:denominación;escudo;colores;sede;estadio;aficionados;historia y palmarés; continuidad de autoridades; continuidad de accionistas; continuidad de jugadores y personal; categoría competitiva; transmisión de activos; forma en que la nueva institución se presenta públicamente; reconocimiento de continuidad por parte de la asociación nacional. No debería establecerse una fórmula matemática. La identidad deportiva es necesariamente una cuestión de valoración integral. Pero una mayor reglamentación permitiría reducir incertidumbres.

5. Protección reforzada del tercero de buena fe
La lucha contra la evasión de obligaciones no debería conducir a responsabilizar automáticamente a cualquier institución que pretenda reconstruir la práctica del fútbol en una comunidad donde un club desapareció. Resulta necesario diferenciar entre: continuidad económica o deportiva destinada a evitar obligaciones, y creación genuina de una nueva institución sin vinculación sustancial con el antiguo deudor. La participación de administradores, propietarios o beneficiarios económicos del antiguo club debería recibir especial atención.

6. Coordinación con procedimientos concursales nacionales
FIFA podría profundizar mecanismos de cooperación con asociaciones nacionales para identificar tempranamente procesos de insolvencia. La finalidad no debería consistir en desplazar las leyes concursales, sino en permitir que los acreedores deportivos conozcan oportunamente los procedimientos estatales en los que deben insinuar o verificar sus créditos. Una decisión deportiva favorable no debería generar la falsa impresión de que el acreedor puede desentenderse completamente del procedimiento concursal del deudor.

7. Expansión de mecanismos preventivos.
La experiencia de la FIFA Clearing House señala un camino particularmente interesante. La automatización de obligaciones, la centralización de pagos y la utilización de sistemas digitales pueden resultar más eficientes que cualquier sanción posterior. En el futuro podría estudiarse la aplicación de lógicas semejantes a otros flujos económicos derivados del fútbol internacional. Sin desconocer las dificultades regulatorias y financieras que ello implicaría, el objetivo debería ser reducir progresivamente el número de situaciones en las que resulta necesario iniciar un litigio simplemente para obtener el cumplimiento de una obligación claramente identificable.

TAMBIÉN PUEDE CONSULTAR: ¿Existe la “Jurisprudencia” del TAS?

XIII. Conclusiones

El sistema jurisdiccional desarrollado por FIFA representa uno de los experimentos más interesantes de justicia transnacional privada.Su eficacia no se apoya en los instrumentos tradicionales del poder estatal, sino en una característica particular del deporte organizado: quien desea participar en él debe permanecer integrado dentro de una estructura federativa común.A partir de esa pertenencia, FIFA ha logrado construir mecanismos de coerción capaces de atravesar fronteras nacionales.La prohibición de registrar jugadores constituye probablemente su ejemplo más significativo.Para un club profesional activo, la amenaza de no poder incorporar futbolistas representa un incentivo poderoso para cumplir una decisión.

Sin embargo, la evolución del sistema permite advertir una distinción que no debería ser ignorada.FIFA posee mecanismos muy eficaces para inducir el cumplimiento, pero no dispone de un sistema universal de ejecución patrimonial.Cuando el deudor permanece activo y solvente dentro del fútbol organizado, la diferencia puede resultar prácticamente imperceptible: ante la sanción, paga.Cuando el deudor se torna insolvente, desaparece o modifica su estructura jurídica, aquella diferencia se vuelve decisiva.Es precisamente allí donde aparecen los principales desafíos contemporáneos.

La doctrina del sucesor deportivo constituye una respuesta particularmente innovadora frente a estrategias destinadas a separar artificialmente la identidad jurídica de la identidad deportiva de un club.Su existencia resulta necesaria para impedir que simples transformaciones societarias conviertan las decisiones de FIFA en declaraciones carentes de consecuencias.Pero su utilización debe respetar simultáneamente la seguridad jurídica y los derechos de terceros de buena fe.

Los recientes pronunciamientos del Tribunal Arbitral del Deporte demuestran que la cuestión continúa abierta y que la determinación de la continuidad deportiva seguirá siendo uno de los ámbitos de mayor desarrollo jurisprudencial en los próximos años.A ello debe agregarse la inevitable interacción entre la jurisdicción deportiva y los ordenamientos estatales.La autonomía del deporte permite establecer consecuencias propias dentro de las competiciones, pero no elimina las normas societarias, laborales, concursales y procesales de los Estados.El futuro de la ejecución internacional probablemente no se encuentre, por tanto, en pretender sustituir unas por otras.Se encuentra en coordinar ambos sistemas.

El derecho deportivo deberá perfeccionar sus mecanismos de coerción, mejorar la identificación de sucesores, fortalecer la relación entre cumplimiento y licenciamiento, incrementar la cooperación con las asociaciones miembro y desarrollar herramientas preventivas y tecnológicas que reduzcan los incumplimientos.La FIFA Clearing House constituye un ejemplo de esta última tendencia. Su importancia conceptual excede el ámbito de los derechos de formación: representa el paso desde un sistema que procura reaccionar frente al incumplimiento hacia otro que intenta estructurar los flujos económicos de manera que el incumplimiento resulte cada vez menos probable.

En definitiva, el desarrollo alcanzado por la jurisdicción FIFA permite afirmar que la existencia de un orden jurídico deportivo internacional ya no constituye el principal interrogante.El verdadero desafío se ha desplazado.No consiste únicamente en determinar quién tiene razón, sino en garantizar que quien la obtiene pueda beneficiarse efectivamente de la decisión que reconoce su derecho.La credibilidad de cualquier jurisdicción depende finalmente de ello.Y en un deporte cuya actividad económica, contractual y competitiva atraviesa permanentemente las fronteras nacionales, la construcción de mecanismos eficaces de cumplimiento constituye uno de los desafíos centrales del derecho deportivo contemporáneo.

Bibliografía y jurisprudencia inicial para notas al pie

Normativa FIFA
– Estatutos de la FIFA, edición vigente.
– FIFA, Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, edición vigente.
– FIFA, Reglas de Procedimiento del Tribunal del Fútbol, edición vigente. FIFA,
– Código Disciplinario de la FIFA, edición vigente. FIFA,
– Reglamento de la FIFA Clearing House, edición vigente.
– FIFA, Manual Jurídico de la FIFA 2025.FIFA, Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players, 2023.

Jurisprudencia TAS
– CAS 2021/A/8061, Association Sporting Club Bastiais & SC Bastia v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & RCD Espanyol de Barcelona, laudo del 25 de abril de 2023.
– TAS, jurisprudencia relativa a la sucesión deportiva de Xanthi FC / AO Xanthi, en materia de incumplimiento de una decisión de la Cámara de Resolución de Disputas.
– TAS, jurisprudencia relativa a Mersin Idman Yurdu / Yeni Mersin Idmanyurdu, sobre responsabilidad del sucesor deportivo por obligaciones de la entidad precedente.
– TAS, jurisprudencia reciente relativa a KSC Lokeren-Temse, sobre prohibiciones de inscripción, cumplimiento de decisiones FIFA e interacción con actuaciones ante tribunales estatales.

Tribunal Federal Suizo
– Jurisprudencia relativa al control de laudos del Tribunal Arbitral del Deporte en los términos de la Ley Federal Suiza de Derecho Internacional Privado.

NOTAS AL PIE

1. FIFA, Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol, ed. enero de 2026, art. 1, apdos. 1 y 2. El Tribunal del Fútbol se encuentra compuesto por la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes.

2. FIFA, Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, “RETJ”), ed. julio de 2025, arts. 22 y 23. Conforme al art. 23, la Cámara de Resolución de Disputas y la Cámara del Estatuto del Jugador conocen de las distintas categorías de controversias y solicitudes regulatorias asignadas por el art. 22.

3. FIFA, Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol, ed. enero de 2026, art. 15, especialmente apdos. 3 a 5. Las decisiones entran en vigor desde su notificación y, cuando no se solicitan oportunamente sus fundamentos en los supuestos allí previstos, adquieren carácter firme y vinculante.

4. FIFA, Estatutos de la FIFA, arts. 56 y 57, relativos al reconocimiento del Tribunal Arbitral del Deporte y a su competencia para conocer de recursos contra decisiones definitivas de los órganos jurídicos de FIFA. Véase asimismo FIFA, “Court of Arbitration for Sport”, sección Legal.

5. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.1. La disposición exige que, cuando el Tribunal del Fútbol ordene a un club o jugador efectuar el pago de una suma de dinero a otra parte, la propia decisión incluya las consecuencias derivadas de la falta de pago puntual.

6. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.2.a). Para un club deudor, la consecuencia consiste en la prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, hasta el pago de las cantidades adeudadas, con una duración máxima de hasta tres períodos de inscripción completos y consecutivos.

7. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.2.b). Respecto de un jugador deudor, la consecuencia prevista consiste en la restricción para disputar partidos oficiales hasta el pago, con el límite temporal establecido en la norma.

8. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.4 y 24.5. El deudor debe efectuar el pago completo, incluidos los intereses correspondientes, dentro de los cuarenta y cinco días desde la notificación de la decisión. El plazo se suspende, entre otros supuestos, cuando se solicita debidamente el fundamento íntegro de la decisión o cuando se interpone un recurso ante el TAS.

9. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.7. Una vez vencido el plazo sin haberse producido el pago completo y siendo la decisión firme y vinculante, corresponde al acreedor solicitar a FIFA la ejecución de las consecuencias previstas en la decisión.

10. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.7.c). Una vez notificadas por FIFA, las consecuencias son de aplicación inmediata, incluso cuando su ejecución comienza durante un período de inscripción abierto.

11. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.8. Una vez aplicadas las consecuencias deportivas, para obtener su levantamiento el deudor debe acreditar ante FIFA el pago de la totalidad de la deuda, incluidos los intereses aplicables.

12. Sobre la distinción conceptual entre reconocimiento y ejecución del crédito, v. TAS, CAS 2021/A/8061, Association Sporting Club Bastiais & SC Bastia v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & RCD Espanyol de Barcelona, laudo de 25 de abril de 2023, párrs. 181-184. El Tribunal distingue expresamente los procedimientos destinados al reconocimiento de una deuda de aquellos dirigidos a obtener su ejecución y remite, a su vez, a CAS 2012/A/2754.

13. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párr. 182; asimismo, CAS 2012/A/2754, párrs. 75 y 79. La jurisprudencia arbitral ha destacado que la existencia jurídica de un crédito y su ejecución constituyen cuestiones diferentes y pueden encontrarse sometidas a procedimientos distintos.

14. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.3.b). Resulta especialmente significativo que la propia normativa contemple la posibilidad de omitir las consecuencias deportivas cuando FIFA haya sido informada de que el club deudor se encuentra en situación de insolvencia conforme al derecho nacional pertinente y no está legitimado para cumplir con la orden.

15. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párrs. 178-184. En dicho precedente el Panel analizó la incidencia del procedimiento de liquidación judicial de la sociedad que administraba al equipo profesional de SC Bastia y diferenció expresamente el reconocimiento de la obligación del posterior procedimiento destinado a su cumplimiento.

16. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 25.1. La norma dispone expresamente que “el sucesor deportivo de un deudor se considerará el deudor” y quedará sujeto a toda decisión o carta de confirmación emitida por el Tribunal del Fútbol.

17. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 25.1. La disposición enumera, con carácter no taxativo, como criterios para determinar la existencia de sucesión deportiva: la sede, el nombre, la forma jurídica, los colores del equipo, los jugadores, los accionistas o grupos de interés o propietarios y la categoría competitiva.

18. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., especialmente párrs. 203-211. El TAS desarrolla allí una concepción autónoma del “club” como entidad deportiva cuya identidad puede trascender a las personas jurídicas que sucesivamente se encargan de su administración.

19. Ídem, párr. 205. Entre los elementos que permiten identificar al club, el Panel tomó en consideración su nombre, colores, aficionados, historia, éxitos deportivos, escudo, trofeos, estadio, plantel y figuras históricas.

20. Ídem, párrs. 207-211. El TAS distingue entre sucesión deportiva y continuidad deportiva. La primera supone, en términos generales, la aparición de una nueva entidad que continúa la actividad de un club anterior; la segunda se presenta cuando el club permanece deportivamente existente a pesar de modificaciones o desapariciones de las personas jurídicas que lo administran.

21. Ídem, párrs. 212-238. En el caso SC Bastia, el Tribunal consideró particularmente relevante que la asociación nunca hubiera dejado de existir ni perdido su afiliación a la Federación Francesa de Fútbol, que mantuviera los elementos característicos del club y que posteriormente se creara una nueva estructura societaria para gestionar al equipo profesional.

22. Ídem, párrs. 239-246. El TAS agregó al análisis de los elementos objetivos de continuidad una consideración especialmente relevante respecto de la conducta de las entidades y de la apariencia generada frente a terceros de buena fe.

23. Ídem, párr. 244. El Panel vinculó la cuestión con la protección de las expectativas legítimas de terceros de buena fe, considerando que quienes se benefician de la apariencia de continuidad de una institución no pueden, al mismo tiempo, pretender eludir las responsabilidades vinculadas con aquella identidad.

24. Sobre los antecedentes jurisprudenciales de la noción de sucesión deportiva, v. TAS, CAS 2007/A/1355; CAS 2011/A/2614; CAS 2011/A/2646; CAS 2012/A/2778; CAS 2013/A/3425, párr. 139. Estos precedentes son expresamente recordados por el Panel en CAS 2021/A/8061 al reconstruir el desarrollo jurisprudencial del concepto de club y de sucesión deportiva.

25. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párrs. 144-158. El Tribunal fundamentó su jurisdicción en las disposiciones estatutarias de FIFA y en el art. R47 del Código de Arbitraje Deportivo, destacando asimismo que, conforme al art. R58 del Código TAS, el Panel resuelve primordialmente de acuerdo con los reglamentos aplicables y, subsidiariamente, conforme al derecho correspondiente.

26. FIFA, “Court of Arbitration for Sport”, sección Legal; Estatutos FIFA, arts. 56 y 57. FIFA reconoce al TAS, con sede en Lausana, como tribunal arbitral independiente para resolver las controversias allí previstas y establece, como regla general, un plazo de veintiún días para recurrir las decisiones definitivas susceptibles de apelación.

27. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párrs. 248-250. El Panel destacó que las normas de las federaciones deportivas internacionales no constituyen reglas inmunes a cualquier control jurídico, aunque rechazó que pudieran dejarse de lado exclusivamente sobre la base de un orden público nacional ajeno a la lex causae, dada la dimensión internacional y la necesidad de tratamiento uniforme de los participantes.

28. FIFA, Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, ed. enero de 2026, art. 1.2. Entre los objetivos específicos del sistema se encuentran tramitar determinados pagos relacionados con transferencias, preservar la integridad del sistema, incrementar su transparencia financiera y prevenir conductas fraudulentas.

29. FIFA, Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, ed. enero de 2026, arts. 8 a 10. El procedimiento relativo al pasaporte deportivo electrónico comprende la identificación de los datos registrales del jugador, su revisión y la adopción de una decisión definitiva respecto del EPP correspondiente.

30. Ídem, art. 10.3. Cuando en el proceso de revisión del pasaporte deportivo electrónico se presenta una cuestión de complejidad jurídica o fáctica, la Secretaría General de FIFA debe elevar la cuestión a la Cámara de Resolución de Disputas de acuerdo con el Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol.

31. Ídem, art. 12. Las órdenes de asignación se remiten por la Secretaría General de FIFA a la Cámara de Compensación e incluyen la información necesaria para percibir y distribuir los importes correspondientes entre los clubes formadores.

32. Ídem, art. 13.1 y 13.2. Una vez cumplidas las condiciones reglamentarias y cuando el EPP y la orden de asignación sean definitivos y vinculantes, la Cámara de Compensación emite una solicitud de pago al nuevo club, que cuenta con treinta días para satisfacerla.

33. Ídem, art. 13.4 y 13.5. Si el nuevo club no abona el importe dentro del plazo inicial, se aplica la tasa administrativa prevista y se concede un plazo adicional de siete días; persistiendo el incumplimiento, se inicia un procedimiento disciplinario conforme al art. 17 del mismo reglamento.

34. Ídem, art. 14. Una vez recibido el importe correspondiente, la Cámara de Compensación genera la orden de distribución y efectúa el pago a la cuenta bancaria indicada por el club formador.

35. Ídem, art. 15. La Cámara de Compensación realiza además una evaluación de cumplimiento de las partes que intervienen en las operaciones, particularmente en materia de sanciones económicas internacionales, prevención del lavado de activos, corrupción y financiación del terrorismo.

36. Ídem, arts. 16 y 17. La falta de aprobación de la evaluación de cumplimiento puede impedir el procesamiento de operaciones pendientes y dar lugar a actuaciones disciplinarias.

37. La relevancia de la Cámara de Compensación desde la perspectiva de la eficacia puede advertirse en que su diseño sustituye, para las operaciones alcanzadas por su ámbito de aplicación, un modelo exclusivamente bilateral de cobro por un procedimiento centralizado de determinación, solicitud, recepción y distribución de los pagos. Cfr. FIFA, Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, ed. enero de 2026, arts. 10 a 14.

38. En este sentido, la progresiva digitalización de la identificación y liquidación de las compensaciones por formación permite analizar a la Cámara de Compensación no solamente como un instrumento financiero, sino también como una herramienta preventiva de cumplimiento. Cfr. FIFA, Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, ed. enero de 2026, arts. 1, 8 a 14.

39. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, arts. 20 y 21 y anexos 4 y 5, relativos respectivamente a la indemnización por formación y al mecanismo de solidaridad.

40. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 22.1.d), e) y f), en cuanto delimita la competencia internacional de FIFA para conocer de determinadas controversias relativas a indemnización por formación, mecanismo de solidaridad y cuestiones vinculadas con el proceso de revisión del EPP.

41. La incorporación expresa del sucesor deportivo al actual art. 25 RETJ resulta particularmente relevante desde una perspectiva evolutiva: una construcción inicialmente desarrollada por los órganos decisorios de FIFA y por la jurisprudencia del TAS ha sido finalmente incorporada de manera expresa al derecho reglamentario federativo. Cfr. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 25.1; TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párrs. 203-211.

42. Esta evolución también permite sostener que la efectividad de las decisiones deportivas ya no puede analizarse exclusivamente desde el Código Disciplinario. El RETJ regula actualmente, dentro de un mismo bloque normativo, tanto las consecuencias de la falta de pago puntual —art. 24— como la aplicación de las decisiones al sucesor deportivo —art. 25—.

43. Sobre la función de revisión del TAS, v. Código de Arbitraje Deportivo, arts. R47, R57 y R58. Conforme al art. R57, el Panel dispone de plena facultad para revisar los hechos y el derecho y puede sustituir la decisión recurrida, anularla o devolver el asunto a la instancia precedente.

44. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párr. 149, con remisión expresa al art. R57 del Código TAS.

45. La circunstancia de que el sistema FIFA utilice sanciones registrales en lugar de mecanismos estatales de ejecución patrimonial permite calificarlo, a los fines del presente trabajo, como un sistema de coerción deportiva indirecta: la organización no realiza forzosamente el patrimonio del obligado, sino que condiciona determinados derechos derivados de su participación en el sistema federativo al cumplimiento de la obligación reconocida. Cfr. FIFA, RETJ, art. 24.

46. Precisamente por ello, la insolvencia constituye uno de los límites estructurales del modelo. La propia normativa reconoce la particularidad de esta situación al permitir que se omitan las consecuencias previstas en el art. 24 cuando el club se encuentre sometido a un régimen de insolvencia nacional que le impida legalmente cumplir la orden. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, art. 24.3.b).

47. TAS, CAS 2021/A/8061, cit., párrs. 181-184, donde el Tribunal analiza precisamente la relación entre insolvencia, reconocimiento del crédito y ejecución de las decisiones dentro del sistema FIFA.

48. La tensión entre autonomía deportiva y ordenamientos estatales debe analizarse asimismo a la luz del art. R58 del Código TAS y de las disposiciones estatutarias de FIFA, que prevén la aplicación primordial de la normativa FIFA y, subsidiariamente, del derecho suizo en los procedimientos arbitrales derivados de decisiones de aquella federación.

49. En definitiva, la eficacia del sistema depende fundamentalmente de que el sujeto deudor continúe necesitando los derechos y beneficios derivados de su integración al fútbol organizado. Cuando ese vínculo desaparece —por liquidación, desaparición o desafiliación— la capacidad coercitiva estrictamente deportiva disminuye sustancialmente, lo que explica la creciente importancia de institutos como el sucesor deportivo.

50. FIFA, RETJ, ed. julio de 2025, arts. 24 y 25. Ambas disposiciones conforman hoy el núcleo reglamentario de la ejecución económica de las decisiones del Tribunal del Fútbol: la primera establece las consecuencias del impago y la segunda garantiza que una eventual sucesión deportiva no neutralice automáticamente los efectos de la decisión.